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"Desplazamientos impiden una paz estable": Personeros

La Federación Nacional de Personeros (Fenalper) expresó su preocupación por los desplazamientos forzados que se vienen presentando en Chocó y Nariño, cuando con los acuerdos de paz se creía y esperaba que disminuyeran.

Para Camilo Fonseca, director ejecutivo de Fenalper, es  inquietante que este tipo de vulneraciones se sigan presentando en los territorios y sobre todo que sus causas obedezcan a mutaciones y transformaciones del conflicto armado, por lo que hizo un llamado al Estado colombiano y a los organismos internacionales “para que verifiquen esta situación y atiendan las nuevas formas de violencia que están surgiendo por el control territorial”.

Fonseca añadió que los desplazamientos que se han presentado este año en municipios como Tumaco en Nariño y Alto Baudó en Chocó, ponen en riesgo los avances para construir una paz estable y duradera en los territorios, problemática que se suma a los 20 homicidios, 33 atentados, 27 agresiones y 430 amenazas contra líderes sociales y activistas defensores de derechos humanos entre 2016 y 2017, de acuerdo a la información revelada por la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, Sandra Lorena Cárdenas, personera de Pereira y presidenta de Fenalper, señaló que “es una situación que amerita prender las alarmas de todos los organismos de defensa y protección de los derechos humanos para estudiar esta problemática y de manera articulada para prevenir la vulneración de los derechos de los colombianos”.

Precisamente, el personero de Alto Baudó, Dayro Palacios, reveló que atiende desde el pasado 4 de marzo un desplazamiento forzado de 570 personas que integran 170 familias de afrodescendientes y una comunidad indígena, que llegaron a la cabecera municipal procedentes de las veredas y corregimientos Peña Azul, Apartadó, Boca de León, Cocalito y Amfarradó.

Estas familias salieron huyendo de sus territorios por que quedaron en medio del fuego cruzado por los enfrentamientos entre la guerrilla del Eln y las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). De acuerdo con el funcionario, los enfrentamientos se generan por establecer el control territorial en la zona.  Así mismo, aseguró que en esta región hay gran cantidad de cultivos ilícitos por su ubicación geográfica, lo que convierte al municipio en un corredor estratégico para el narcotráfico.

“Actualmente no hay presencia del Ejército en la zona para brindar seguridad, ellos quieren retornar pero no están las condiciones dadas para hacerlo. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que dé esas garantías y acompañe para que se cumplan los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad”, enfatizó.

En Tumaco, el pasado 5 de enero, en la vereda Pital, ubicada en la costa norte del rio Patía, se presentó un desplazamiento forzado masivo de 107 familias que salieron hacia la cabecera municipal, debido a la presencia de un grupo armado ilegal que llegó a la zona para ejercer control territorial, informó la personera Anny Mercedes Castillo.

Sobre la identidad del grupo armado, indicó que se desconoce y no se ha podido determinar con certeza, sin embargo hay información que indica que el grupo se autodenomina y se presentan como Autodefensas. “Con preocupación vemos la invisibilización de las problemáticas que afectan al municipio como homicidios, extorsiones, desplazamientos y amenazas. Existe información que da cuenta de la presencia de grupos armados ilegales, uniformados y con armas largas, que llegan a las veredas más lejanas para ejercer control territorial, militar y del narcotráfico, llenando los vacíos dejados por las Farc”, agregó Castillo.

Según cifras de la Personería en Tumaco, en 2016 se presentaron tres desplazamientos masivos y este año ya se presentó uno,  mientras que las amenazas a líderes comunitarios e indígenas continúan, al igual que las extorsiones y los homicidios.

“Desde la Personerías nos preocupa que no hayan medidas para atender todas las problemáticas que afectan a Tumaco, más teniendo en cuenta que es un municipio con una Zona Veredal Transitoria de Normalización para el proceso de dejación de armas de las Farc. Se requieren  acciones inmediatas por parte del Gobierno nacional para que se fortalezca la institucionalidad local y no continúen las vulneraciones a los derechos humanos”, concluyó la personera.

Fuente: El Espectador

 

 

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